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  • "CIPECC c/ EN - Mº de Desarrollo Social  -dto 1172/03 s/ amparo Ley 16986"
  • Hechos del caso:   Frente a sospechas de la utilización de planes sociales con fines políticos, una ONG (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento - CIPPEC) solicita al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la entrega de  información que permita conocer la distribución que se realiza de los planes sociales, identidad de los beneficiarios, monto de los planes sociales, alcance territorial y los funcionarios de nivel nacional, provincial o local que intervienen en el proceso de entrega. Frente a la negativa del Ministerio, con fundamento en que identificar a individuos en situación de vulnerabilidad social, constituirían una intromisión ilegítima en la vida privada de los beneficiarios de estos planes sociales y a su posible estigmatización, la Corte privilegia el deber de  máxima divulgación de la información pública en el entendimiento que ello permitirá al conjunto de la comunidad verificar, entre otros aspectos, si la asistencia es prestada en forma efectiva y eficiente, si se producen interferencias en el proceso y si existen arbitrariedades en su asignación.
  • Entre sus consideraciones más importantes se destacan:
  • "La información pertenece a las personas, no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas".
  • - "El Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores".
  • - "Cuando se trata de información pública el Estado Nacional está obligado a permitir a cualquier persona acceder a ella en tanto no se refiera a datos "sensibles" cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor".
  • - "La negativa del Estado Nacional a acceder a lo solicitado por la actora carecía de sustento legal y las razones brindadas para fundar esa decisión aparecían como meras excusas para obstruir el acceso a la información".
  • - "El Congreso debe dictar de forma urgente una ley que regule el modo en que las autoridades deben satisfacer el derecho de acceso a la información pública".
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  • Fallo Corte Suprema Impugnación acto sancionatorio de la Contraloría General de la Republica de Colombia a un funcionario con fuero constitucional.
  • Si bien el acto sancionatorio aplicado por la Contraloría General de la República de Colombia fue dejado sin efecto por tratarse de un funcionario constitucional sobre el cual no tenía competencia (Fiscal General de la Nación), la importancia del mismo radica en los hechos que dieron lugar a la aplicación de una sanción: la presentación extemporánea del informe de rendición de cuentas por el citado funcionario